La recientemente promulgada Ley N° 21.795 ya comenzó a generar efectos concretos en tribunales del país, al permitir la condonación de deudas asociadas a pagos en exceso del incremento previsional y dar término a procesos judiciales que afectaban a funcionarios y exfuncionarios municipales.
La normativa, impulsada por la UFEMUCH, busca resolver un problema que durante años mantuvo a cientos de trabajadores del sector bajo la amenaza de cobros, descuentos y acciones legales, derivados de errores administrativos cometidos por las propias municipalidades.
En concreto, la ley establece la condonación de las cantidades adeudadas por concepto de incremento previsional percibido en exceso hasta el 31 de diciembre de 2023 por funcionarios regidos por la Ley N° 18.883. Asimismo, determina que dichos montos deben considerarse correctamente pagados desde su origen, entregando un marco jurídico claro respecto de estas situaciones.
Uno de los primeros efectos de la aplicación de la norma se registró en Punta Arenas, donde un tribunal acogió un incidente de nulidad en una causa ejecutiva que buscaba cobrar estos montos. En su resolución, el tribunal concluyó que no correspondía continuar con la ejecución, dado que la obligación había sido extinguida expresamente por el legislador.
Este caso se configura como un precedente relevante, ya que evidencia que la nueva legislación no solo tiene un carácter declarativo, sino que actúa como una herramienta efectiva de reparación para quienes enfrentaron procesos judiciales por situaciones ajenas a su responsabilidad.
Desde UFEMUCH han señalado que la entrada en vigencia de esta ley es el resultado de un trabajo sostenido para visibilizar el problema y promover una solución legislativa estructural. La organización ha enfatizado que no era aceptable que los funcionarios debieran asumir las consecuencias de errores administrativos que no les eran imputables.
La aplicación de la Ley N° 21.795 marca así el inicio de una nueva etapa para el mundo municipal, al restituir certeza jurídica y poner fin a una situación considerada injusta por años. Para el gremio, este avance no solo implica la condonación de deudas, sino también la recuperación de la tranquilidad y dignidad de quienes se vieron afectados por cobros improcedentes.
