El Gobierno manifestó su disposición a impulsar cambios a la legislación sobre el secreto bancario, luego de la estrecha votación registrada en el Senado respecto de una norma que busca fortalecer las herramientas para combatir el crimen organizado y el lavado de activos.
La discusión se centra en una disposición del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica y que permitiría a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) acceder a información bancaria para detectar operaciones vinculadas al financiamiento de actividades ilícitas. La propuesta quedó en suspenso tras registrar dos empates consecutivos en la Cámara Alta, quedando a un voto de su aprobación.
Ante este escenario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “este tema nos interesa especialmente en Hacienda porque estamos combatiendo (…) el daño que le hace a la economía la actividad ilícita, la competencia desleal que genera y, además, queremos colaborar desde el lado de la economía en esta tarea (…) en ese sentido, he iniciado un trabajo que comenzamos hace poco y del cual irán conociendo detalles más adelante, posiblemente a través de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda”.
Asimismo, precisó que la nueva fórmula legal mantendrá la intervención del Poder Judicial como instancia final para autorizar el acceso a información protegida por secreto bancario.
El debate tomó fuerza tras el reciente operativo contra una red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, investigación que terminó con 19 detenidos, entre ellos un ejecutivo bancario acusado de participar en maniobras para mover recursos obtenidos mediante actividades ilícitas. Según la Fiscalía, la organización habría sacado de Chile cerca de US$85 millones a través de transferencias internacionales, empresas de papel y operaciones con criptomonedas.
Tanto el Gobierno como parlamentarios de distintos sectores han planteado que el caso evidenció las dificultades para rastrear flujos financieros asociados al crimen organizado. Por ello, el levantamiento del secreto bancario volvió a instalarse como una de las principales discusiones legislativas en materia de seguridad y persecución patrimonial.
