La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar las actuaciones de los organismos públicos encargados de fiscalizar a las AFP entre 2018 y 2026, en medio de la controversia por las millonarias pérdidas registradas en los fondos previsionales, especialmente el Fondo E, que acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de este año.
La instancia fue impulsada por los diputados Jaime Araya y Héctor Ulloa, independientes de la bancada PPD, quienes reunieron las firmas necesarias para someter su creación a votación en la Sala de la Cámara.
Los diputados Héctor Ulloa y Jaime Araya se refirieron a la aprobación unánime de una comisión investigadora en la Cámara para esclarecer las pérdidas de los fondos previsionales, especialmente del Fondo E, y determinar eventuales responsabilidades por el impacto en los ahorros de los afiliados.
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— AgenciaUno (@agenciaunochile) October 27, 2026
La investigación estará enfocada en las actuaciones y eventuales omisiones de los organismos competentes, particularmente de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, respecto de la fiscalización de las administradoras desde 2018.
Antes de la votación, Araya había señalado que era necesario profundizar en lo ocurrido, establecer responsabilidades y determinar qué medidas adoptó el organismo regulador, además de evaluar modificaciones legales y eventuales mecanismos de restitución de los recursos afectados.
Durante esta misma jornada, la Comisión de Trabajo de la Cámara recibió al superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, y al presidente de la Asociación de AFP, León Fernández de Castro, para analizar las pérdidas y las decisiones de inversión que contribuyeron a los resultados negativos.
En la sesión, la Superintendencia informó que durante octubre y noviembre de 2024 citó a ejecutivos de las administradoras para abordar los riesgos asociados a operaciones con derivados y que, en enero de 2025, solicitó formalmente fortalecer su gestión de riesgos.
Finalmente, De Castro defendió la estrategia de inversión de las administradoras y sostuvo que las pérdidas registradas no necesariamente se traducirían en una disminución equivalente de las pensiones, estimando un impacto de entre 0,8% y 1,8% en los casos presentados por el gremio.
