La ministra de Salud, May Chomali, manifestó reparos a una de las medidas incluidas en el borrador de la reforma constitucional de seguridad que prepara el Gobierno, que contempla restringir por hasta 15 años el acceso a prestaciones estatales para personas condenadas por crimen organizado, terrorismo o narcotráfico.
La propuesta aún no ha sido ingresada al Congreso y forma parte de un texto preliminar que considera 11 modificaciones constitucionales. Entre ellas, se plantea que quienes sean condenados por esos delitos pierdan, durante el cumplimiento de la pena y por 15 años adicionales, acceso a determinadas prestaciones financiadas por el Estado en ámbitos como salud, educación y seguridad social.
Consultada por CNN Chile, Chomali advirtió que “puede ser un poco incompatible. Podría generar alguna incompatibilidad con algunas leyes que nosotros tenemos”, mencionando como ejemplo la Ley de Urgencia.
“Cuando sea el momento adecuado lo vamos a revisar y vamos a conversar en la interna con los ministros, pero en el espíritu de que podría afectarse el derecho a la salud”, agregó.
Los cuestionamientos también fueron respaldados por exautoridades. El exministro de Salud Jaime Mañalich sostuvo que excluir determinadas atenciones puede tener consecuencias que trascienden al propio condenado, mientras Karla Rubilar advirtió que la discusión también involucra aspectos de salud pública.
El exministro Enrique Paris también llamó a precisar el alcance de la propuesta y sostuvo que no resulta aceptable dejar sin atención a una persona en una situación crítica o con riesgo vital.
Finalmente, desde el oficialismo, el senador UDI Javier Macaya respaldó el objetivo de endurecer las consecuencias para quienes cometan delitos graves, aunque reconoció que el texto requiere ajustes.
