Organizaciones representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas manifestaron su “categórico rechazo” al veto presentado por el Gobierno que elimina la obligación de que el Estado y las grandes empresas paguen en 30 días a sus proveedores.
Mediante una declaración firmada por más de 40 organizaciones, las Mipymes manifestaron que “el pago oportuno no constituye un privilegio ni una concesión; es un principio esencial de justicia comercial y de respeto a los compromisos contractuales”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran CONUPIA, FENABUS, la Confederación Nacional de Ferias Libres (ASOF), CONADECUS, UNAPYME, Avanza Mujer, la Unión Nacional de la Agricultura Familiar Campesina (UNAF), la Cámara de Comercio y Turismo de Valparaíso y la Asociación de Farmacias Independientes (AFFI), entre otras.
“Cuando una Mipyme entrega un producto o presta un servicio, cumple íntegramente con su obligación. En consecuencia, corresponde que reciba el pago dentro de un plazo razonable y oportuno”, agregaron.
Las organizaciones advirtieron que “miles de emprendedores y pequeños empresarios enfrentan diariamente las consecuencias de los pagos tardíos. Deben esperar 60, 90 o incluso más días para recibir recursos que legítimamente les pertenecen, mientras continúan cumpliendo puntualmente con el pago de remuneraciones, proveedores, arriendos, impuestos, cotizaciones y obligaciones financieras”.
Según señalaron, esta situación “deteriora su liquidez, limita sus posibilidades de crecimiento y, en muchos casos, termina provocando el cierre de empresas y la pérdida de empleos”.
Los gremios cuestionaron que la modificación se produzca en el actual escenario económico y sostuvieron que “resulta incomprensible que, en un contexto de bajo crecimiento económico, aumento del desempleo y dificultades para las Mipymes, se retroceda en una política que favorecía la liquidez, fortalecía la actividad económica y promovía reglas más justas para quienes generan gran parte del empleo en Chile”.
Las organizaciones también apuntaron directamente al rol que debe asumir el sector público frente a sus proveedores, señalando que “el Estado debe ser el primero en dar el ejemplo. No puede exigir el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias y legales a los contribuyentes mientras posterga el pago a quienes le proveen bienes y servicios”.
Asimismo, plantearon que “las grandes empresas deben comprender que el financiamiento de sus operaciones no puede seguir descansando sobre la capacidad financiera de las pequeñas empresas”.
Ante este escenario, hicieron un llamado al Congreso Nacional a revisar el veto “con sentido de justicia, responsabilidad económica y compromiso con el desarrollo del país”.
“Chile necesita fortalecer a sus Mipymes, no debilitarlas. Garantizar el pago oportuno significa entregar liquidez a las empresas, proteger el empleo, prevenir quiebras y fomentar relaciones comerciales equilibradas y sostenibles”, indicaron.
En la declaración sostienen además que las Mipymes representan el 99% de las empresas del país y generan millones de puestos de trabajo, por lo que afirmaron que su fortalecimiento beneficia tanto a los emprendedores como a la economía nacional.
Finalmente, los gremios resumieron su postura señalando: “No pedimos subsidios ni privilegios. Aceptamos otorgar un crédito sin intereses por hasta 30 días. Exigimos algo mucho más simple y justo: que quien compra, pague a tiempo”.
