Un grupo transversal de diputados y senadores presentó este viernes un proyecto de reforma constitucional que busca modificar los requisitos para la presentación y aprobación de acusaciones constitucionales, con el objetivo de elevar los estándares de este mecanismo y reforzar su carácter excepcional.
La iniciativa es impulsada por el diputado Diego Schalper (RN) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), junto a los diputados Raúl Leiva (PS) y Gael Yeomans (FA), y los senadores Juan Luis Castro (PS) y Diego Ibáñez (FA), entre otros parlamentarios.
Según sus impulsores, la propuesta apunta a evitar un uso excesivo de la acusación constitucional como herramienta de confrontación política, resguardar la gobernabilidad y permitir que el Congreso concentre su trabajo en las prioridades ciudadanas.
Los parlamentarios sostuvieron que, durante los últimos tres períodos presidenciales, se ha registrado un aumento sostenido en la presentación de acusaciones constitucionales, lo que ha generado desgaste institucional, mayor polarización y dificultades para la estabilidad de los gobiernos.
La reforma propone modificar el artículo 52 de la Constitución Política, incorporando cuatro cambios principales. En primer lugar, plantea duplicar las firmas necesarias para presentar una acusación constitucional, pasando de 10 a al menos 20 diputados patrocinantes.
En segundo término, establece que la aprobación de cualquier acusación constitucional requerirá el voto favorable de la mayoría de los diputados en ejercicio. Actualmente, en el caso de ministros u otras autoridades distintas al Presidente de la República, basta con la mayoría de los diputados presentes en la sala.
La iniciativa también incorpora la obligación de realizar una interpelación previa en el caso de acusaciones contra ministros de Estado, fijando un quórum de aprobación de al menos 78 diputados. Con ello, los impulsores buscan que antes de recurrir a una acusación constitucional se agoten otras instancias de control político y rendición de cuentas ante la Cámara.
Además, el proyecto eleva el estándar de las causales aplicables a los ministros, al exigir que la infracción a la Constitución o a las leyes sea “abierta”, es decir, manifiesta, evidente y comprobable.
Los legisladores afirmaron que la propuesta no busca limitar las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer la legitimidad de la acusación constitucional y asegurar que sea utilizada con fundamentos sólidos y amplio respaldo político.
“La inmensa mayoría de los chilenos no ve las acusaciones constitucionales como un control serio, sino como una pérdida de tiempo y una pelea entre políticos mientras la delincuencia avanza, la economía sigue estancada y las listas de espera en salud siguen creciendo. Llevamos pocos meses de periodo legislativo y ya se instaló la lógica de la acusación permanente”, señaló el diputado Schalper.
En tanto, la diputada Gael Yeomans destacó el respaldo transversal y señaló que
“es necesario actualizar nuestras herramientas de fiscalización, que siguen siendo parte de las facultades que tienen los parlamentarios. Pero ojo, esas facultades necesitamos ejercerlas con responsabilidad social y en las personas. Porque ese tiempo que tenemos para revisar las acusaciones constitucionales, y que luego no llegan a ningún puerto, podríamos destinarlo a las necesidades que tiene la sociedad: en discutir Sala Cuna, en discutir pensiones, materias de seguridad y tantas otras cosas, en donde también necesitamos construir acuerdo”.
