La Superintendencia de Pensiones inició un proceso sancionatorio contra las siete AFP del sistema para determinar eventuales responsabilidades en las decisiones de inversión que derivaron en las pérdidas registradas particularmente por los fondos D y E. La medida fue adoptada luego de que el organismo concluyera las acciones de fiscalización realizadas por el caso.
De acuerdo con la Superintendencia, el procedimiento busca establecer si las administradoras incumplieron el deber de lealtad y diligencia establecido en el artículo 147 del Decreto Ley N° 3.500 y en la Norma de Carácter General N° 340, dictada en julio de 2025.
El artículo 147 establece que las AFP deben efectuar las gestiones necesarias para cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones de los fondos que administran, atendiendo exclusivamente al interés de estos.
En tanto, la NCG N° 340 incorporó expresamente los deberes fiduciarios de las administradoras y estableció obligaciones relacionadas con el cuidado y destreza en la gestión de los recursos de los afiliados, el resguardo de los fondos, la prevención de conflictos de interés y el cumplimiento de estándares de diligencia.
El proceso se produce en medio de los cuestionamientos por las pérdidas experimentadas por los multifondos más conservadores, donde el Fondo E acumuló una caída real de 10,39% entre enero y septiembre de este año. Las pérdidas de valoración asociadas a contratos de derivados ligados a tasas de interés de Estados Unidos alcanzaban los US$7.700 millones a septiembre.
Tras conocerse la decisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, manifestó que “respaldamos al 100% la decisión que ha tomado el superintendente de AFP, en el sentido de iniciar una investigación por proceso sancionatorio contra todas las AFP del sistema”.
Finalmente, el procedimiento sancionatorio se suma a las acciones judiciales y políticas surgidas durante los últimos días por la caída de los fondos. Afiliados ya han presentado recursos de protección contra algunas administradoras, mientras en el Congreso se han impulsado distintas iniciativas para analizar las causas de las pérdidas y eventuales responsabilidades.
