La defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau ingresó al Congreso la respuesta a la acusación constitucional presentada en su contra, rechazando los cuestionamientos formulados en el libelo y descartando haber provocado un deterioro de las cuentas fiscales.
En el documento, el exsecretario de Estado sostuvo que la acusación se basa en un escenario fiscal “catastrofista” y que “carece de todo sustento jurídico”, al no acreditar un vínculo directo entre su actuación y los efectos que se le atribuyen.
Grau cuestionó que los acusadores le imputen haber causado un daño “presente, medible y de larga proyección” asociado a una deuda pública que, según el libelo, superaría el 45% del PIB. Frente a ello, respondió que la deuda terminó en 41,5% del PIB en 2025, “bajando por primera vez en casi 20 años”.
Según la defensa, la acusación sostiene que su gestión habría generado cerca de US$10.500 millones adicionales en la trayectoria proyectada de endeudamiento entre 2026 y 2030. Sin embargo, Grau afirmó que esa proyección “es una imagen poderosa” y precisó que “esa imagen no es efectiva y no ha sido refrendada por ningún organismo multilateral, ni tampoco por clasificadoras de riesgo”.
El exministro también planteó que el libelo “descansa íntegramente sobre una premisa que los capítulos acusatorios no lograron acreditar”. En esa línea, agregó que “no basta con afirmar que las proyecciones económicas no son favorables” y que, en una acusación constitucional, se debe demostrar un nexo causal entre la conducta específica del acusado y el resultado que se le imputa.
Además, cuestionó que la acusación utilice diferencias entre informes de la Dirección de Presupuestos (Dipres) elaborados bajo distintas administraciones para atribuirle responsabilidad personal. A su juicio, esa secuencia constituye “una presunción de culpabilidad”.
La defensa también advirtió que responsabilizar a un exministro por diferencias entre proyecciones fiscales podría afectar la institucionalidad fiscal del país y exponer a autoridades y equipos técnicos a eventuales acusaciones constitucionales por estimaciones realizadas en contextos de incertidumbre.
Finalmente, en el escrito, Grau solicitó acoger la cuestión previa, argumentando que la acusación no cumpliría con los requisitos mínimos para su tramitación. Según su defensa, el libelo no contiene una exposición clara y precisa de los hechos imputados y recurre a referencias genéricas sobre deberes de dirección, coordinación, supervisión y control.
