El reciente informe de UNICEF, que ubica a Chile en el último lugar de bienestar infantil entre 37 países analizados, debiera ser motivo de profunda reflexión. El estudio evidencia un escenario preocupante en dimensiones esenciales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes: salud física, bienestar mental y competencias académicas.
Los datos son particularmente alarmantes. Chile presenta la mayor tasa de sobrepeso infantil y adolescente entre los países estudiados: un 58% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 19 años presenta sobrepeso, cifra muy superior al promedio internacional. Asimismo, un 13% de los estudiantes de 15 años declara haber omitido comidas por falta de dinero.
A ello se suma que Chile aparece en las últimas posiciones en competencias académicas y bienestar mental, registrando además una caída significativa en satisfacción vital adolescente en los últimos años. Estas cifras no pueden entenderse únicamente como estadísticas; reflejan condiciones materiales y simbólicas que afectan cotidianamente la vida de millones de niños, niñas y adolescentes.
En este contexto, resulta difícil no observar con preocupación que, en distintos momentos del debate público reciente, se haya planteado la posibilidad de reducir, debilitar o descontinuar políticas públicas dirigidas a la infancia, incluyendo programas tan relevantes como la alimentación escolar. Cuando un país exhibe indicadores de inseguridad alimentaria infantil y profundas desigualdades sociales, parece especialmente delicado relativizar el valor de políticas que buscan garantizar condiciones mínimas de bienestar y desarrollo.
La evidencia internacional ha sido consistente en señalar que las políticas de protección y apoyo a la niñez no constituyen un gasto accesorio, sino una inversión estratégica para el desarrollo humano, educativo y democrático de las sociedades.
Lo que Chile necesita con urgencia no es disminuir las políticas públicas orientadas a la infancia, sino fortalecerlas y mejorarlas sobre la base de evidencia científica, evaluación rigurosa y aprendizaje acumulado. Para ello, resulta indispensable construir alianzas sólidas entre el Estado, las comunidades y el mundo académico, de manera de avanzar hacia políticas más pertinentes, efectivas y centradas en los derechos y el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.
