La reciente renuncia de Rafael Araos, motivada por su negativa a validar despidos masivos de equipos técnicos, no es solo un hecho administrativo; es un síntoma de una fractura profunda en la forma en que el Estado chileno gestiona su capital más valioso: el conocimiento.
Desde esta perspectiva, podríamos imaginar que las instituciones operan bajo principios similares a los circuitos neuronales. La “memoria institucional” reside en las redes de colaboración y en el conocimiento acumulado por los equipos de trabajo. Cuando se interrumpe esa conectividad mediante despidos que no responden a criterios de idoneidad, sino a la discrecionalidad política, se produce una erosión de la capacidad de respuesta del Estado. Es, siguiendo esta analogía organizacional, una suerte de “neurodegeneración” de la gestión pública.
Por otro lado, las investigaciones sobre el estrés crónico ofrecen una pista de los efectos organizacionales que estas dinámicas pueden generar. Un entorno que prioriza decisiones de corto plazo o criterios de alineamiento político por sobre la continuidad de los proyectos genera una carga alostática difícil de sostener en los equipos. A nivel organizacional, esto puede traducirse en dinámicas comparables a un estado de “alerta permanente”, que inhibe la planificación de largo plazo y la innovación, dejando al sistema en un modo de mera “supervivencia”.
Aunque todo gobierno requiere márgenes razonables de reorganización administrativa, esta crisis se produce además en un clima político que sitúa a la ciencia como un gasto prescindible. Es, por lo tanto, la constatación de que, cuando la política científica se reduce exclusivamente a un balance financiero, la gestión del conocimiento pierde continuidad y capacidad estratégica.
En un ecosistema científico que ya enfrenta precariedad, brechas territoriales y de género críticas, la pérdida de cuadros técnicos calificados debilita aún más la confianza en el sistema. ¿Cómo fortalecer una cultura científica de largo plazo o despertar vocaciones científicas en niñas y mujeres jóvenes, si la institucionalidad correspondiente se percibe como un terreno de improvisación?
En este escenario, la decisión de Araos parece reflejar una tensión clásica de la política descrita por Weber: aquella entre actuar conforme a convicciones y asumir las consecuencias concretas del ejercicio del poder. Al mismo tiempo nos recuerda que la integridad no es un accesorio, sino la infraestructura básica sobre la que se construye la confianza pública. Sin ella, el Ministerio corre el riesgo de reducirse a una estructura administrativa sin capacidad transformadora.
Si la Política Nacional de CTCI y la Política de Género en Ciencia pretenden ser algo más que declaraciones de intenciones, requieren equipos estables que comprendan que la ciencia en regiones o el cierre de brechas de género no se logran en ciclos de cuatro años. El capital humano, por lo tanto, no puede reducirse a un recurso maleable para fines políticos de corto plazo; es la infraestructura crítica sobre la que se construye el desarrollo sostenible de Chile.
Es urgente que nuestro país avance hacia una política científica de Estado, donde el talento sea tratado con el rigor que la ciencia misma exige, independiente del gobierno de turno. De lo contrario, el talento continuará alejándose del Estado, ya sea por despidos, precariedad o por la imposibilidad de ejercer su labor con autonomía e integridad.
