La Sala de la Cámara aprobó este miércoles y despachó al Senado el proyecto “Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo económico y Social”, también llamado “megarreforma” o “ley miscelánea”.
Entre lo aprobado se encuentra la reducción del impuesto corporativo de un 27% a un 23%, uno de los principales ejes para el Ejecutivo. Junto con ello, también se aprobó la reintegración tributaria y el crédito tributario al empleo. A esto se suma la aprobación con amplia mayoría para la exención de contribuciones para mayores de 65 años.
De igual forma se aprobó la propuesta que establece una invariabilidad tributaria por 25 años para nuevos inversores y por proyectos sobre los US$50 millones. La norma ha levantado críticas por su extensión, además de tramitarse como ley y no como reforma constitucional, abriendo la posibilidad a que un futuro Gobierno la modifique, por lo que se adelanta que la discusión en el Senado será clave.
En materia laboral, la Sala rechazó los artículos que buscaban eliminar la franquicia tributaria del Sence. El resultado destacó por contar con los votos en contra de Renovación Nacional. No obstante, el ministro Quiroz ya había adelantado que buscarían reformular la iniciativa en el Senado. Misma suerte tuvo la disposición para impedir que los procesos de evaluación y certificación pudieran financiarse con cargo a la franquicia tributaria del Sence.
En tanto, los parlamentarios aprobaron el artículo impulsado por la oposición que establece la Sala Cuna Universal, sobre el que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció que el Ejecutivo presentará reserva de constitucionalidad.
Diputados oficialistas celebran y se retratan junto a ministros del Gobierno de José Antonio Kast tras el despacho del proyecto de Reconstrucción Nacional desde la Cámara.
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— AgenciaUno (@agenciaunochile) May 20, 2026
Finalmente, entre otras disposiciones rechazadas se encuentra la polémica propuesta sobre derechos de autor para permitir el análisis masivo de datos con IA, y las modificaciones a las normas de compras públicas para obras de infraestructura.
