En el 7° Juzgado de Garantía de Santiago comenzó este lunes la audiencia de formalización contra el exdiputado Joaquín Lavín León (ex UDI) por delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias. En su exposición, la Fiscalía acusó presuntos pagos irregulares a funcionarios públicos que, pese a estar contratados con recursos del Congreso, habrían desempeñado labores con fines electorales.
De acuerdo a la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, el ex parlamentario incurrió en una serie de delitos de corrupción que habrían convertido los fondos asignados por el Congreso en una suerte de “caja chica” personal y electoral entre 2019 y 2023. Según relató la persecutora, el mecanismo principal consistió en el uso de facturas ideológicamente falsas emitidas por proveedores como la Imprenta MMG, por servicios de publicidad y papelería que nunca se prestaron para labores legislativas, sino que habrían sido utilizados en la campaña por la reelección de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, cónyuge de Lavín León. En este punto, el perjuicio fiscal superaría los $104 millones.
Uno de los ejes centrales de la acusación es el desarrollo de la plataforma SocialTazk, la cual significó un costo cercano a los $93 millones y se justificó formalmente como una herramienta de apoyo a la gestión parlamentaria. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que se trataba de una base de datos diseñada para la fidelización de votantes y la gestión de campañas políticas personales.
La Fiscalía también reveló un esquema de desvío de asesores parlamentarios para labores de campaña ajenas a la Cámara de Diputados, en los que al menos siete funcionarios pagados con fondos públicos habrían sido destinados a tareas electorales. Además, parte de estos asesores en 2021 habrían cumplido funciones con cargo a fondos públicos en la sede de campaña del entonces precandidato presidencial Joaquín Lavín Infante, padre del exparlamentario.
Se estima que la formalización podría extenderse por dos o tres jornadas, instancia en la que la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado solicitarían que se decrete prisión preventiva contra el exdiputado.
