Tras el grave hecho ocurrido en el establecimiento educacional Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora y dejó a otros alumnos heridos, el diputado Hotuiti Teao (IND-UDI) anunció el inicio de una completa fiscalización mediante oficio a la Superintendencia de Educación, con el objetivo de conocer el estado real de implementación de la Ley de Convivencia Escolar en todos los establecimientos educacionales del país, poniendo especial énfasis en el recinto donde ocurrió la tragedia.
La solicitud busca verificar el cumplimiento de las obligaciones legales vigentes, como la designación de un encargado de convivencia escolar, la existencia de planes de gestión y la actualización de reglamentos internos, medidas que no son opcionales, sino exigencias establecidas por la normativa educacional chilena.
En ese contexto, el diputado Teao anunció que “vamos a iniciar una intensa y completa fiscalización para conocer el estado de implementación de la Ley de Convivencia Escolar en cada establecimiento educacional del país, porque no podemos seguir reaccionando tarde frente a hechos tan graves como el que hemos conocido”.
Según explicó, “esta no es una ley nueva en lo esencial. Desde la Ley 20.536 sobre violencia escolar, todos los colegios están obligados a contar con un encargado de convivencia escolar que sea el responsable de implementar medidas concretas de prevención y gestión de conflictos dentro de la comunidad educativa. Por lo tanto, aquí no hay espacio para excusas ni para dilaciones”.
Además, señaló que “la normativa es clara en establecer que estas acciones deben materializarse en planes de gestión, protocolos y reglamentos internos actualizados, con medidas pedagógicas y formativas para prevenir la violencia. No basta con tener documentos en papel, esto debe estar funcionando en la práctica”.
“Si bien existe un plazo hasta junio para la actualización de reglamentos en el marco de las nuevas disposiciones, eso no significa que los establecimientos puedan esperar sin hacer nada. La ley ya está vigente desde el inicio del año escolar y exige acciones concretas desde el primer día”, agregó.
Por lo mismo, enfatizó que “queremos saber con total claridad en qué estado de avance se encuentra el establecimiento donde ocurrió esta tragedia: si contaba con encargado de convivencia escolar, si tenía protocolos activados y si estos se estaban aplicando correctamente”.
Asimismo, el parlamentario resaltó que “muchas de estas medidas, como el fortalecimiento del rol del encargado de convivencia escolar y el enfoque en educación emocional, fueron propuestas que impulsamos tras una serie de reuniones con el anterior ministro de Educación. Ese trabajo se incorporó en la iniciativa legal que hoy está vigente, por lo que aquí también hay una responsabilidad en su correcta implementación”.
De igual forma, indicó que “así como hay establecimientos que no han avanzado lo suficiente, también existen ejemplos positivos. En mi distrito, el colegio Miguel de Unamuno de Valparaíso ya cuenta con sus actualizaciones listas para ser enviadas a la Superintendencia de Educación, lo que demuestra que sí se puede actuar con anticipación y compromiso”.
Finalmente, el legislador remarcó “lo que está en juego no es un trámite administrativo. Estamos hablando de la seguridad de estudiantes, docentes y asistentes de la educación. Por eso, esta fiscalización no es solo necesaria, es urgente”.
