El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitió un comunicado en el que advirtió sobre las implicancias jurídicas e internacionales que podría tener la concesión de indultos a funcionarios policiales o militares condenados por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el denominado estallido de octubre de 2019 en Chile.
La declaración surge en medio del debate sobre los indultos que analiza el gobierno del presidente José Antonio Kast y que eventualmente podrían beneficiar a carabineros o militares que cumplen condena por estos hechos.
En su comunicado, el INDH señaló que si bien el ordenamiento constitucional chileno contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares, esta atribución no es absoluta cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos.
“Si bien nuestro ordenamiento constitucional y legal contempla la facultad presidencial de otorgar indultos particulares en los casos que establece la ley, cuando se trata de quienes cumplen condena por graves violaciones a los derechos humanos, debe advertirse que esta potestad no es absoluta ni puede ejercerse en contravención de las obligaciones internacionales en la materia”, señala el Instituto.
El organismo recordó que, de acuerdo con los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación no solo de prevenir este tipo de delitos, sino también de investigarlos y sancionarlos de manera proporcional a su gravedad, especialmente cuando se trata de conductas como la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En ese sentido, el INDH advirtió que “conceder un indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos antes del cumplimiento de al menos una parte sustantiva de la condena vulnera estas obligaciones y puede acarrear responsabilidad internacional para el Estado”.
Finalmente, el organismo enfatizó que “no debe olvidarse que la lucha por el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales exige un compromiso firme e inquebrantable con la justicia”, señaló la institución, agregando que una medida como esta podría afectar a las víctimas y sus familias, además de generar una percepción de impunidad frente a hechos de especial gravedad.
