Durante décadas, hemos trabajado y esperado el reconocimiento de nuestros derechos fundamentales respecto al consumo de cannabis, tanto para uso medicinal como para de adultos responsables.
Representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado la necesidad urgente de regular el cannabis en Chile, argumentando que tal regulación es esencial para enfrentar la actual crisis de seguridad. En lugar de perseguir a los usuarios, señalan que los recursos deberían destinarse a combatir el crimen organizado.
Recientemente, la diputada Ana María Gazmuri, junto con la bancada “Regulación por la Paz”, ha presentado un proyecto de ley que busca regular el uso adulto del cannabis, permitiendo el autocultivo y el consumo privado. Esta iniciativa, elaborada con el respaldo de 55 organizaciones, tiene como objetivo alinear la legislación nacional con los estándares internacionales en salud pública y derechos humanos, además de promover la educación y la prevención sobre el consumo.
El abogado Hernán Bocaz ha subrayado la obsolescencia de la legislación actual, la cual se basa en una percepción social que ya no refleja la verdadera realidad de los consumidores de cannabis. Destaca que la regulación es crucial para garantizar un acceso seguro y controlado a esta sustancia, al tiempo que protege a los consumidores de un mercado ilegal. Con la implementación de un marco regulatorio, se podría supervisar el contenido de los productos y asegurar estándares de calidad.
El diputado Brito ha enfatizado que la regulación separará a los consumidores del narcotráfico, permitiendo así concentrar esfuerzos en la lucha contra delitos graves. Complementando esta visión, la diputada Carolina Tello ha resaltado la importancia de esta regulación para salvaguardar la salud pública y el bienestar social, afirmando que el enfoque punitivo actual ha fracasado y que es imperativo explorar alternativas efectivas.
Fabiola Campos Vega representante de las 55 organizaciones presentes y directora de la Fundación Sanasativa destacó la labor de las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de una regulación del cannabis en Chile. En medio de la crisis de seguridad, enfatizó que regular el cannabis es crucial para combatir el crimen organizado y reorientar los recursos estatales hacia lo que realmente importa. Apoyó el Proyecto de ley para el uso adulto del cannabis, que surge de una necesidad real y de la sociedad civil. Hizo un llamado al Congreso a traducir su compromiso en acciones concretas, señalando que legislar sobre el cannabis es una decisión política que puede devolver dignidad, justicia y seguridad a miles de personas.
