La Contraloría General de la República ofició al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía de Investigaciones (PDI) para que informen en un plazo de 10 días sobre la polémica salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña, en medio de cuestionamientos por una eventual intervención de la autoridad política en decisiones operativas de la institución.
El requerimiento del organismo fiscalizador, revelado por Radio Biobío, apunta directamente a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y al director general de la PDI, Eduardo Cerna, a quienes se les solicitó detallar las circunstancias que rodearon la remoción, incluyendo los fundamentos del oficio enviado desde el ministerio a la policía civil. Este documento, emitido pocos días después de asumir la autoridad, pidió antecedentes vinculados a una investigación en curso, lo que generó dudas respecto de los límites legales de dicha solicitud.
La actuación de Contraloría se enmarca en la controversia generada tras el llamado a retiro de Peña, quien contaba con más de tres décadas de servicio, y que no se produjo en la época del año donde frecuentemente se generan las salidas y cambios de mando. La secuencia de hechos incluye la solicitud de información por parte de la ministra a la PDI sobre detectives en operativos en Tarapacá, región de la cual era fiscal, y que tras la respuesta se concretó la desvinculación de Peña. La situación motivó cuestionamientos políticos e institucionales sobre una posible extralimitación de funciones por parte de la autoridad civil.
En paralelo, el caso ha tensionado la relación entre el Ejecutivo y la PDI, mientras desde el Gobierno, el propio Presidente José Antonio Kast blindó a la ministra e insistió en que la decisión corresponde y fue tomada por la PDI.
