La Contraloría amplía fiscalización por uso irregular de licencias médicas a viajes nacionales, policías y Fuerzas Armadas
La Contraloría General de la República anunció que ampliará la fiscalización por el uso indebido de licencias médicas, incluyendo ahora los viajes dentro del país y la situación de funcionarios de las Fuerzas Armadas y policías.
El anuncio se realizó luego de la sesión especial de la Comisión de Salud del Senado, donde la contralora general, Dorothy Pérez, expuso los nuevos focos del organismo tras el escándalo que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país entre 2023 y 2024 mientras se encontraban con licencia médica por enfermedad.
Esto fue revelado el pasado 20 de mayo por la propia Contraloría, desencadenando una investigación penal del Ministerio Público y sumarios administrativos en múltiples servicios.
También se revisarán viajes nacionales
En la sesión, Pérez informó que la fiscalización se extenderá a los viajes realizados dentro del territorio nacional durante licencias médicas, aunque advirtió que este proceso es más complejo que el seguimiento de salidas internacionales, debido a la falta de un registro centralizado.
“Estamos revisando mecanismos para poder controlar las licencias médicas que se pudieran haber otorgado y que hayan significado viajes dentro del país. Algún porcentaje vamos a poder detectar”, señaló.
Revisión en Fuerzas Armadas y doble empleador
Otro foco relevante es la situación de licencias médicas en Capredena y Dipreca, es decir, en personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pérez confirmó que se está desarrollando un cruce de datos específico para estas instituciones.
Además, la Contraloría analiza casos de funcionarios públicos que, pese a encontrarse con licencias extendidas-algunos por más de un año-, estarían trabajando en paralelo en el sector privado.
Los antecedentes ya se reportaron a los servicios respectivos.
Fiscalización anual y mejora de convenios
La contralora anunció que el cruce masivo de datos será una práctica anual permanente, y los resultados serán públicos y se entregarán a organismos como la Fiscalía, el Consejo de Defensa del Estado y los ministerios correspondientes.
Asimismo, destacó la necesidad de actualizar convenios como el firmado en 2014 entre la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) y la PDI, para facilitar la detección de irregularidades con herramientas tecnológicas más modernas.
La ampliación de la fiscalización responde a la creciente preocupación ciudadana por el uso de recursos fiscales y el debilitamiento de la confianza en la función pública, en un escándalo que ya ha motivado la renuncia de autoridades y nuevas exigencias legislativas.
