Hasta la Comisión de Agricultura de la Cámara llegaron las y los representantes del Valle de Colliguay, para denunciar la grave situación que se está viviendo con la instalación de un proyecto minero en esta localidad rural, ubicada en la comuna de Quilpué, Región de Valparaíso.
Invitados por la diputada Carolina Marzán, las y los vecinos plantearon la incompatibilidad que existe, a su juicio, entre esta iniciativa minera -aprobada por Sernageomin- y el desarrollo agrícola, apícola, económico y turístico que por décadas se ha impulsado, de manera sostenible, en el Valle de Colliguay.
A la sesión también fueron citados los seremis de Minería, Jaime Rojas; de Medioambiente, Alex Galleguillos; y de Agricultura, Sergio Salvador; el director (s) regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Luis Celedon; y el director regional de Conaf, Mauricio Núñez, quienes expusieron los aspectos legales y normativos sobre esta materia.
Uno de los acuerdos tomados por las y los parlamentarios fue que la Comisión de Agricultura sesione en la localidad de Colliguay, citando a todos los ministros y ministras encargados del tema.
Asimismo, se acordó hacer una fiscalización a la faena minera que se concretó el día martes 14 de enero, con participación de representantes de la comunidad, el equipo de la diputada Carolina Marzán, la Seremi de Agricultura, el SAG y Conaf, entidades que ahora deben emitir un informe sobre posibles afectaciones y/o irregularidades.
Al respecto, la diputada Carolina Marzán apuntó a la existencia de un choque legislativo en este caso: “Por un lado, está el Código Minero que permite que se emplacen mineras, pero ¿bajo qué condiciones? Y por otro lado, tenemos la Constitución y la Ley Medioambiental 19.300, que en su artículo 1 señala el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental”, sostuvo la parlamentaria.
“Hoy día se está dañando fuertemente a Colliguay, depredando el lugar y dejando en la indefensión económica, medioambiental, agrícola y también en temas de salud, a los vecinos y vecinas, porque además esta empresa va a trabajar con elementos que son altamente peligrosos para extraer el oro, como por ejemplo, el cianuro”, agregó la legisladora del Distrito 6.
“Lo que está sucediendo en el valle es un problema medioambiental y de salud pública, ya que el impacto de los metales en la salud humana se traspasa desde el suelo y el agua, a toda la cadena trófica, llegando finalmente al ser humano, al que le podría producir enfermedades crónicas y mortales, especialmente varios tipos de cáncer”, recalcó la diputada Carolina Marzán en la comisión.
Por su parte, Irma Bravo, vocera de la organización Colliguay Sin Mineras, recordó que la zona “es Reserva de la Biósfera, es zona de amortiguación hídrica, tenemos un montón de decretos medioambientales que el Código Minero pasa por encima. No es posible que se instale esta minera a un kilómetro y medio de nuestra población”.
“El Río Puangue nace donde estamos nosotros, y ese río va a pasar por Curacaví, por María Pinto, por Talagante, por Melipilla, por San Antonio. Se nos contamina el río, se contamina toda la zona oeste de la Región Metropolitana, entonces no somos solamente un lugar pequeño, de un entorno natural, el que está luchando por sus derechos, no, por favor, que también las otras personas despierten porque esto es un riesgo de salud”, manifestó la dirigenta.
En tanto, Wilfredo Tapia, representante de la comunidad de Colliguay, denunció que la minera “ha trabajado de muy mala manera, ha sido prácticamente un delincuente, ingresando camiones que no están autorizados, a vista y paciencia de toda la población”.
“Nos preocupa enormemente que este tipo de trabajo se haga a puertas cerradas y nosotros no sepamos lo que se está haciendo adentro. Ellos tienen que denunciar si hay alguna filtración. ¿Lo van a hacer? No lo creo. Por eso pedimos la ayuda de toda la comunidad, de todo Chile si es necesario, para poder parar esto. Nosotros vamos a luchar hasta las últimas consecuencias”, agregó Tapia.
Finalmente, la diputada Carolina Marzán informó que a los oficios ya enviados a la Superintendencia de Medioambiente, Seremi de Mineria, Sernageomin, Conaf y el Municipio de Quilpué, se agregarán nuevos oficios a Sernageomin, Vialidad y al SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), “para que se nos de cuenta y se nos transparente por qué se otorgó este permiso a espaldas de la comunidad, sin consulta ni vinculación ciudadana. Es muy grave lo que está pasando en el valle, pues se está afectando la flora, la fauna nativa, y la vida de las y los ciudadanos que han escogido desarrollar su economía y su vida en ese lugar”.
