El origen del proceso penal fue la denuncia del diputado Andrés Celis, en enero de 2022, y la querella de la AFFI, gremial que agrupa a las farmacias independientes de Chile, quienes denunciaron presuntas irregularidades luego de que se diera a conocer que Andrea Martones, una abogada y asesora que participaba en la redacción del proyecto, recibía en simultáneo millonarios pagos de parte del gremio que agrupa a los laboratorios internacionales en nuestro país, CIF, Cámara de la Innovación Farmacéutica, y de laboratorios pertenecientes a dicho gremio.
Ambas acciones se encuentran hoy en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, a cargo de la Fiscal Rossana Folli. Por lo que este miércoles 10 de julio, en la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, se oirán los alegatos en la apelación presentada por la defensa de la asesora parlamentaria Andrea Martones, ante el rechazo al sobreseimiento que su defensa solicitó y que el 8° Juzgado de Garantía de Santiago rechazó en primera instancia, el pasado 31 de mayo.
En este contexto el ex fiscal y representante de las farmacias independientes, Carlos Gajardo, señaló que “lo que se descubrió fue que no era solo una factura, sino que en todo el periodo de tramitación de esta ley, esa asesora parlamentaria ha recibido aproximadamente 220 millones de pesos de diversas asesorías a laboratorios, que obviamente están muy interesados en la tramitación de esta ley”.
Además, Gajardo señaló que “Por supuesto que esto tiñe con un manto muy grave la tramitación de esa ley, porque esta asesora estuvo presente en 23 de las 29 sesiones que se llevaron adelante en el parlamento. Esto es muy grave y daña profundamente el sistema democrático”, indicó el ex fiscal, comparando el hecho con los casos de Corpesca, en la polémica ley de pesca y el de SQM en la tramitación del royalty minero.
Respecto a la solicitud de sobreseimiento realizada por la contraparte, Gajardo manifestó que “nosotros tenemos esperanza de que eso va a ser rechazado” y sostuvo que su objetivo es que se investigue a fondo la participación relevante de la asesora parlamentaria. “Nosotros lo que queremos es que esto se investigue penalmente y con profundidad, queremos saber hacia dónde fueron a parar esos dineros. Ya hubo un levantamiento del secreto bancario, que muestra además muchos depósitos en efectivo en la cuenta de esta asesora y nosotros queremos que todo esto se investigue”, expuso el representante legal de las farmacias independientes.
Por último, Gajardo sentenció que la situación “es muy grave para el funcionamiento de una democracia, que un proyecto de ley haya tenido tal injerencia de una persona que no era imparcial, que tenía sus intereses, que está siendo remunerada por servicios que no sabemos efectivamente cuáles son”, indicó.
Finalmente, el juez Juan Alvarez, del 8° Juzgado de Garantía, el pasado 31 de mayo resolvió rechazar el sobreseimiento solicitado por la defensa de la asesora, basado en que “hay diligencias pendientes, tanto efectuadas por el querellante como por el ministerio público…”, y que “no es pacífico la no existencia del hecho ilícito.”
Ante esta decisión, la defensa de la asesora parlamentaria apeló, con el objetivo de que no se siga investigando penalmente su rol, por no ser delito los hechos que se investigan. A lo que se opone el ministerio público y la parte querellante, representada por el abogado y ex fiscal, Carlos Gajardo.
Por último, todo se zanjará este miércoles 10 cuando la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resuelva, si se sigue o no investigando las eventuales responsabilidades penales por los conflictos de interés y los delitos denunciados y su impacto en la cuestionada Ley de Fármacos 2.
