Señalaron que “podríamos estar frente a un caso “falsos exonerados 2” y, de ser necesario, solicitaron enviar antecedentes al CDE y al Ministerio Público.
Los diputados de la Bancada de Renovación Nacional Andrés Longton, Hugo Rey y Eduardo Durán; en representación de la bancada de parlamentarios, acudieron esta mañana a la Contraloría General de la República para solicitar la realización de una auditoría a la acreditación que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el otorgamiento de las pensiones de gracia post estallido social.
Investigación solicitada por los parlamentarios que busca fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos relativos al pago de las pensiones de gracia y también verificar si se ajustó a las normas y principios que rigen la materia.
Además, buscan que se audite el proceso de acreditación de las más de 400 pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social, o en caso contrario se haga una auditoría de una muestra de dicho número para evaluar si efectivamente estamos frente a irregularidades. Los diputados opositores agregan que, en caso de verificarse hechos constitutivos de delito, se remitan los antecedentes a la Fiscalía y al Consejo de Defensa del Estado para que se persigan las eventuales responsabilidades penales.
El jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, señaló que “podríamos estar frente a un caso “falsos exonerados 2”, y por lo mismo sería bueno que a la brevedad la Contraloría haga una auditoría al proceso de acreditación que hizo el INDH, órgano que ciertamente no posee la experticia para acreditar lesiones que en muchos casos habían ocurrido varios meses atrás. Hay una desconfianza con el proceso que sólo se puede superar con una auditoría ya que son muchos los recursos públicos involucrados.
Por su parte, el Presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, mencionó que “tenemos certeza, reafirmado por los antecedentes, de delincuentes condenados que parecen haber sido beneficiados en su calidad de victimarios y no de víctimas. Estamos frente a un proceso que parece estar viciado y lleno de sesgos, más si tenemos a la vista que el organismo encargado de acreditar lesiones no era el servicio médico legal, sino el INDH, que a la vez era querellante o sea juez y parte, lo que no entrego garantía alguna y que la comisión asesora presidencial dejó pasar. Es una burla para el país que vive atemorizada por la delincuencia que esto ocurra, y revela la complicidad con el octubrismo de este gobierno”.
Línea que también compartió su par, el diputado Eduardo Durán, al señalar que “se entregaron precisamente pensiones a personas que no merecen este beneficio, por el contrario, destruyeron al país y lo incendiaron. Todo con el auspicio del Instituto Nacional de Derechos Humanos que más bien parece el Instituto Nacional de los Derechos de los Delincuentes porque hoy en día y bajo este gobierno los delincuentes parece que tuvieran mayores permisos, mayores beneficios que la gente que procura el bien, que los carabineros que se esfuerzan en resguardar la seguridad pública y por eso hemos venido en nuestro rol fiscalizador a que la Contraloría investigue y podamos en definitiva revertir estos más de 400 beneficios que se otorgaron a personas, muchas de ellas que no lo merecen”.
Mientras que el diputado Hugo Rey finalmente agregó: “Nosotros esperamos que el gobierno eche pie atrás justamente a estas indicaciones y permita, con indicaciones nuevas, la posibilidad de quitarle estas pensiones de gracia a quienes han cometido delitos. Por eso es que hemos venido a la Contraloría también para que investigue totalmente y audite las últimas pensiones de desgracia que se han entregado, que creemos que no todas cumplen los requisitos que la ley establece”.
