El Ministerio de Justicia anunció este viernes la suspensión de la tramitación de decretos de rebaja de condenas, en medio de la controversia por los beneficios otorgados a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante los primeros seis meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast. Mediante un comunicado, la cartera encabezada por Fernando Rabat, además anunció que impulsarán modificaciones legales para restringir estos beneficios y evitar que se repitan situaciones similares.
A través de un comunicado, el Ministerio explicó que la decisión fue adoptada tras un análisis de la normativa vigente, que permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.
“Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022”, señaló el ministro Rabat.
Asimismo, señaló que “mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”.
El Ministerio también anunció que promoverá modificaciones legislativas con discusión inmediata en el Congreso Nacional, destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios.
Entre las medidas se contempla la presentación de un proyecto de ley para modificar el procedimiento de reducción de condena por conducta intachable, revisar las causales de exclusión y establecer una regla de temporalidad que permita determinar qué requisitos serán exigibles a quienes soliciten estos beneficios.
La iniciativa también considera incorporar normas que garanticen el derecho de las víctimas a ser escuchadas durante el procedimiento, además de indicaciones y otras propuestas legislativas orientadas a restringir las reducciones de condena.
En paralelo, el Ejecutivo anunció que impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una moción parlamentaria transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta contempla un procedimiento especial para que las solicitudes de reducción de condena reguladas por la Ley N° 19.856, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces.
De esta manera, las decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación y pasarían al conocimiento de los tribunales de justicia.
