La Contraloría General de la República concluyó que la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert excedió sus atribuciones al solicitar información específica a la Policía de Investigaciones mediante un oficio reservado, en una actuación que reflota la polémica por la salida de Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI.
El pronunciamiento se refiere al oficio enviado el 13 de marzo de 2026 al director general de la PDI, Eduardo Cerna, apenas dos días después de que Steinert asumiera como ministra de Seguridad. En el documento, la entonces secretaria de Estado pidió antecedentes sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de Tarapacá, unidad vinculada a investigaciones contra el denominado “Clan Chen”.
Según el dictamen, la solicitud incluyó nombres completos, cédulas de identidad, grados, destinaciones, traslados, eventuales ceses de funciones investigativas y fundamentos de esos movimientos.
El organismo fiscalizador sostuvo que ese requerimiento excedió la facultad general que tiene una autoridad ministerial para solicitar informes a organismos bajo su área de coordinación. En particular, señaló que no se acreditó de qué forma esos antecedentes servían para planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar o evaluar políticas públicas de seguridad.
La polémica se originó en marzo, cuando se conoció que Steinert había enviado el oficio reservado a la PDI en medio de diferencias previas con Consuelo Peña. Según las publicaciones de ese periodo, el conflicto estaba vinculado a cambios de funcionarios que habían participado en investigaciones contra el “Clan Chen”, causa que Steinert conocía por su anterior rol en el Ministerio Público.
Días después del envío del oficio, Peña fue llamada a retiro por la PDI tras 36 años de servicio. Su salida generó cuestionamientos políticos y abrió dudas sobre una eventual intervención de la ministra en una decisión interna de la policía civil.
La entonces ministra negó haber presionado para concretar la salida de Peña y sostuvo que la determinación correspondía exclusivamente a la PDI. El director general de la institución, Eduardo Cerna, también defendió la legalidad de la decisión, aunque la controversia derivó en requerimientos ante Contraloría y en citaciones al Congreso.
En su dictamen, Contraloría también abordó el retiro de Peña y concluyó que esa decisión se ajustó a derecho, al corresponder a una facultad propia de la institución policial. Sin embargo, respecto del oficio reservado, determinó que Steinert no actuó dentro del marco estricto de sus atribuciones y que tampoco se ajustó a su deber de abstención.
