El Ministerio Público de Paraguay ha anunciado este sábado la imputación del expresidente Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por el escándalo financiero en torno a Ueno Bank y ha solicitado prisión preventiva para ambos, medida posteriormente confirmada por un juez.
Peña, destituido por el Senado el viernes, ha sido imputado bajo los hechos punibles de presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. A Carvallo se le imputa lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio en calidad de autor, según el comunicado de la fiscalía.
Las autoridades investigan “presuntas irregularidades en la colocación de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., así como con los mecanismos de supervisión y control de la entidad bancaria y la presunta provisión de información incompleta o alterada sobre aspectos vinculados a dichas funciones”.
La fiscalía considera que entre 2023 y 2026 Ueno Bank habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades. En septiembre de 2026 estos fondos de organismos públicos depositados en Ueno Bank sumaban unos 3,6 billones de guaraníes (casi 505 millones de euros y 233,4 millones de dólares (casi 206,6 millones de euros).
Peña, en calidad de presidente, “habría intervenido en decisiones vinculadas a la colocación, renovación y permanencia de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido relaciones económicas y societarias”. En concreto tenía participación accionarial en Ueno Holding S.A.E.C.A. y se reunió con autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) para decidir sobre inversiones en instrumentos financieros emitidos por la entidad bancaria.
Carvallo, por su parte, tenía vinculación previa con Financiera Ueno y realizó observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad, explica la fiscalía.
Por todo ello, el Ministerio Fiscal ha solicitado al juzgado penal de garantías prisión preventiva de ambos imputados, así como la inhibición general de enajenar y gravar bienes, la identificación de cuentas bancarias, depósitos, inversiones y otros activos financieros, además de diligencias para localizar inmuebles, vehículos, participaciones societarias y otros derechos patrimoniales registrados a nombre de los imputados.
Posteriormente el juez Humberto Otazú ha dictado prisión preventiva contra Peña. “Entendemos que se tiene que tener garantía de su permanencia en el país y es por eso que el Juzgado ha determinado decretar la prisión preventiva del mismo”, ha explicado Otazú en declaraciones a medios paraguayos.
Peña se ha abstenido de declarar durante la audiencia de imposición de medidas, en la que el juez ha explicado que está analizando la petición de embargo de bienes planteada por el Ministerio Público.
El juez ha decidido asimismo mantener a Peña en el régimen de escolta presidencial debido a la información sensible que Santiago Peña manejó como jefe de Estado. “Se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario en cuanto a información financiera, al crimen organizado. Ustedes saben que esto es un flagelo que tiene mucha repercusión y son circunstancias que uno tiene que tener en cuenta”, ha explicado.
La salida de Peña de la Presidencia está motivada por la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que se hundió y fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos que imposibilitaba la protección de los depósitos de sus millones de clientes.
EUROPRESS/AgenciaUno
