El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles la promulgación de la Ley Escuelas Protegidas, normativa que entrega nuevas facultades a los establecimientos educacionales y docentes para prevenir hechos de violencia y reforzar el orden y la convivencia al interior de las comunidades escolares.
“Más que una ley, es una herramienta. Porque uno en la ley puede decir lo que uno quiere, pero eso lo tiene que llevar a la práctica”, señaló el Mandatario durante la ceremonia en las escuela Nueva Zelandia, de la comuna de Independencia, junto a los ministras de Educación, María Paz Arzola; y de Salud, May Chomalí.
La nueva legislación permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos protocolos para la revisión de mochilas y otras pertenencias de estudiantes. Estos procedimientos deberán ser realizados por personal capacitado y respetando garantías como la privacidad, honra, igualdad y debido proceso. La norma no autoriza revisiones corporales ni de vestimenta.
El Presidente defendió esta medida señalando que apunta a entregar mayor seguridad a las comunidades educativas, y planteó que “¿por qué uno va a tener temor a mostrar lo que trae en la mochila? (…) El que nada hace, nada teme”, afirmó, comparando el procedimiento con los controles de seguridad que se realizan en aeropuertos.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que la normativa “entrega nuevas herramientas para que los colegios puedan atender conflictos propios de la convivencia escolar, pero también que puedan impedir hechos de violencia e incluso delictuales, que la verdad es que exceden las capacidades de lo que los equipos escolares pueden tener para enfrentarlos”.
La ley también faculta a los docentes para adoptar de manera inmediata medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias destinadas a mantener el orden dentro de las salas de clases, bajo criterios de proporcionalidad.
Además, los reglamentos escolares deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, salvo excepciones justificadas, y las amenazas que provoquen la interrupción de las actividades académicas serán consideradas una afectación grave a la convivencia escolar. Los padres y apoderados también deberán concurrir a citaciones vinculadas con medidas disciplinarias, convivencia o violencia escolar.
El texto promulgado presenta diferencias respecto del proyecto despachado originalmente por el Congreso. En junio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales algunas de sus disposiciones, entre ellas la posibilidad de que Carabineros o la PDI revisaran las pertenencias de estudiantes bajo determinadas circunstancias y la prohibición por cinco años de acceder a gratuidad universitaria para quienes fueran condenados por ciertos delitos vinculados a violencia escolar.
Finalmente, y tras ese pronunciamiento, la revisión de mochilas quedó radicada en los propios establecimientos educacionales y su aplicación dependerá de los protocolos incorporados en sus reglamentos internos.
