El diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social), junto a un grupo transversal de parlamentarios desde el Partido Radical hasta Renovación Nacional, presentó una reforma constitucional que amplía la propuesta del Gobierno sobre consumo de drogas ilícitas, incorporando no solo a autoridades del Estado, sino también controles aleatorios para directores y profesores de establecimientos educacionales, debido al rol formativo que cumplen con niños, adolescentes y jóvenes.
La iniciativa fue ingresada junto a las diputadas Marcela Hernando, Pamela Jiles, Johanna Pérez, Ximena Ossandón, Priscilla Castillo, y los diputados Javier Muñoz, Carlos Chandía, Francisco Orrego y Felipe Camaño.
Según explicó Mulet, se trata de una propuesta más amplia que la presentada por el Ejecutivo, ya que incorpora nuevas autoridades y cargos sujetos a control y eventual pérdida de la función.
El parlamentario detalló que el proyecto incorpora al Presidente de la República, diputados, senadores, magistrados de los tribunales de justicia, gobernadores regionales, alcaldes, comandantes en jefe, fiscal nacional, fiscales regionales, altos funcionarios del gobierno corporativo, directores y ejecutivos de empresas del Estado, directivos municipales, notarios y conservadores.
Además, señaló que “establece también una obligación aleatoria, en este caso, por el volumen, respecto de los directores y profesores de los establecimientos educacionales que impartan educación básica, media y también universitaria. Aleatoriamente, en este caso, porque son miles y miles quienes desempeñan ese cargo”.
El diputado sostuvo que “este proyecto transversal en lo político es muy claro y categórico en esta materia al establecer que una persona que tiene esas condiciones es inhábil para permanecer en ese cargo. Y la verdad es que nos parece muy importante insistir en esto”.
Mulet agregó que “estamos hoy día en el país en una época bastante compleja por el consumo de drogas. Hay estudios, incluso, de la región de Atacama, en que el consumo de cocaína en Copiapó es más elevado que en Ámsterdam, que se hizo a través de los laboratorios satélites. Y creemos que frente a situaciones extraordinarias, hay que tomar medidas extraordinarias también como esta de la entidad y de la amplitud que tiene”.
Por su parte, la diputada Johanna Pérez (Demócratas), presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, planteó que en la discusión “de una vez por todas debemos cambiar el estándar. Si vamos a dar una pelea, una guerra fuerte contra el narcotráfico y el crimen organizado que están tomando nuestras poblaciones, el sistema penitenciario y otros, esto también es muy importante porque no solo lo público debe dar señales, sino también lo privado”.
“No nos podemos exponer a que solo sea un reglamento que hoy lleva la Contraloría, sino que esto tiene que quedar en un marco regulatorio. Reforma constitucional, legislación y, por cierto, un reglamento claro con procedimientos establecidos”, agregó.
En tanto, la diputada Marcela Hernando (Partido Radical) destacó que el proyecto tiene dos focos principales: “por una parte, hacia las autoridades en el sentido de exigirles que tengan un comportamiento que para todos nos dé tranquilidad de que no van a ser vulnerables a la presión de grupos delictivos y narcotraficantes”.
“También tiene un foco puesto en los niños y adolescentes, en el sentido que este control aleatorio a los profesores, tanto universitarios como de básica y media, apunta a la influencia que estos docentes tienen en esa población”, añadió.
Finalmente, la diputada Pamela Jiles (Partido de la Gente) vinculó la propuesta con las gestiones del Gobierno, manifestando que “a pesar de todas las diferencias profundas que tengo con el actual Presidente, debo valorar que Kast haya tomado la decisión política que no tuvieron los gobiernos anteriores, particularmente el gobierno de Boric, para someter a todo el alto personal de Gobierno a un narcotest. Lo que corresponde es que cuando ese narcotest es positivo, esa autoridad salga inmediatamente de su cargo”.
Además, respecto a la reciente salida del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez tar dar positivo en un test de drogas y las polémicas consecuencias al interior del oficialismo, comentó que “esto es una opinión personal, pero que la quiero poner dada la especie de incontinencia y diarrea opinológica del senador Squella que nos tiene en una discusión entre autoridades y el tratamiento que debe haber cuando hay narcotest. Le recomiendo al senador Squella que se tome una pastillita de carbón. Además, me parece que el subsecretario Pavez –a quien conozco hace años– es una persona eficiente, leal y confiable”.
“También como opinión personal, en el caso del exsubsecretario de Hacienda, lo que corresponde a una autoridad de ese nivel cuando le sale positivo un narcotest y el gobierno decide mandarlo para la casa, es que se vaya callado. Tendrá por supuesto el momento para defender su honra, pero aquí lo que corresponde –como lo indica este proyecto– es que todas las autoridades del país se sometan a un narcotest y si es positivo, queden inmediatamente inhabilitados de seguir en ese cargo”, concluyó.
