Ante los recientes hechos de violencia, amenazas y alertas registradas en establecimientos educacionales de la Región de Valparaíso y en otras zonas del país, el diputado Hotuiti Teao solicitó que la Superintendencia de Educación concurra a la Comisión de Educación para dar cuenta del estado de implementación de la Ley de Convivencia Escolar, especialmente respecto de la incorporación del profesional encargado de convivencia escolar en cada establecimiento, medida que, junto a otras disposiciones en materia de prevención y convivencia, fue trabajada e impulsada por el parlamentario e incorporada durante la tramitación legislativa del periodo de gobierno anterior.
La solicitud cobra especial urgencia luego de las recientes denuncias por amenazas en colegios de la región, entre ellas la alerta registrada en el Colegio Salesiano de Valparaíso, hechos que han vuelto a instalar la preocupación por la seguridad y la prevención de la violencia al interior de las comunidades educativas.
“Estamos frente a una realidad que exige respuestas concretas y urgentes. Por eso he pedido que la Superintendencia de Educación asista a la Comisión de Educación para informar en qué estado se encuentra la implementación de la ley de Convivencia Escolar, y especialmente de una medida que impulsamos y logramos incorporar: la presencia de un profesional encargado de convivencia escolar en cada establecimiento educacional”, sentenció el parlamentario.
Agregó además que “sabemos que existe plazo hasta julio para completar la implementación de estas medidas, pero dada la contingencia y la gravedad de los hechos que estamos viendo, urge que la Superintendencia active plenamente su rol y dé cuenta ante esta instancia fiscalizadora, respecto del avance real en los establecimientos”.
En esa misma a línea, el legislador puntualizó que “valoramos las medidas extraordinarias que el Ejecutivo ha dado a conocer en los últimos días para enfrentar la violencia escolar, porque van en la línea de entregar mayores herramientas de prevención, control y resguardo a las comunidades educativas, como detectores de metales, revisión de mochilas, fortalecimiento de la autoridad docente y una mayor coordinación entre Educación, Seguridad y las policías”.
“Sin embargo -continuó- junto con estas acciones inmediatas, resulta igualmente urgente conocer el estado de implementación de la Ley de Convivencia Escolar, especialmente en aquellas medidas estructurales destinadas a prevenir estos hechos desde el interior de los establecimientos”.
“No basta con que la norma exista en el papel. Hoy necesitamos saber cuántos establecimientos han avanzado efectivamente en esta implementación, cuáles presentan rezagos y qué medidas se están adoptando para proteger a estudiantes, docentes y familias”, concluyó Teao.
