La Corte de Apelaciones mantiene arraigo nacional para imputados del caso Procultura y rechaza prisión preventiva
La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la decisión del Séptimo Juzgado de Garantía y rechazó modificar las medidas cautelares de Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno en el marco del caso Procultura, por lo que los cuatro imputados continuarán únicamente con arraigo nacional.
La Fiscalía de Antofagasta había apelado la resolución de primera instancia con el objetivo de revertir el fallo que desestimó la prisión preventiva, solicitando que todos los involucrados quedaran privados de libertad mientras avanza la investigación. Sin embargo, la Séptima Sala del tribunal de alzada respaldó lo resuelto por el juzgado.
Argumentos del fallo
En su resolución, la Corte sostuvo que “se encuentra controvertida tanto la naturaleza como el régimen de las partidas presupuestarias y el destino de los recursos recibidos, conforme al convenio por la Fundación Procultura”, lo que impide —en esta etapa procesal— traducir el debate administrativo y contable en un sustento cautelar “robusto” que justifique medidas de mayor intensidad como la prisión preventiva o el arresto domiciliario.
El tribunal agregó que no existen antecedentes “bastantes y concluyentes” sobre un eventual vínculo o acuerdo de voluntades que permita sostener, con el estándar requerido, la participación dolosa de los imputados. “Esta Corte comparte lo razonado por el Tribunal”, indica el fallo.
Asimismo, la resolución señala que los antecedentes expuestos por los acusadores no alcanzan el umbral exigido para imponer medidas cautelares más gravosas, destacando que la decisión del juzgado distinguió correctamente entre el estándar de condena y el estándar cautelar, aplicando los principios de necesidad y proporcionalidad.
La Corte también cuestionó la forma en que el Ministerio Público presentó parte de la evidencia, aludiendo a mensajes exhibidos de manera fragmentaria y a errores en la atribución de conversaciones, lo que —a juicio del tribunal— disminuye la fiabilidad del material probatorio para sustentar medidas más severas.
La investigación
El Ministerio Público indaga la transferencia de $1.600 millones realizada en 2022 por el Gobierno Regional de Santiago a la Fundación Procultura para ejecutar el programa de prevención del suicidio “Quédate”.
Entre los delitos que se investigan se encuentran fraude al Fisco y apropiación indebida. No obstante, la Corte advirtió que el primero exige la calidad de funcionario público, condición que no se configura automáticamente por integrar una fundación privada que recibe fondos estatales.
Respecto de la apropiación indebida, el tribunal estimó que aún existen debilidades probatorias en cuanto a la acreditación del perjuicio, la existencia de una apropiación concreta y la demostración del dolo.
Voto disidente
La decisión no fue unánime. El ministro suplente Matías de la Noi Merino estuvo por intensificar las cautelares respecto de Larraín y Gómez, proponiendo sumar arresto domiciliario nocturno al arraigo nacional.
En su prevención, estimó que existirían antecedentes suficientes para sostener que más de $1.015 millones del programa “Quédate” no habrían sido ejecutados ni restituidos tras el término anticipado del convenio, considerando elementos como mensajes de WhatsApp y la falta de registro formal del proyecto.
Pese a esa postura, la resolución final confirmó íntegramente lo resuelto en primera instancia: los cuatro imputados permanecerán con arraigo nacional mientras continúa la investigación del caso Procultura.
