Santiago, 3 de junio de 2025.– Con el fin de exigir al Gobierno la implementación urgente de protocolos institucionales que aseguren el cumplimiento de la Ley N° 21.575 y pongan fin a la criminalización de personas que cultivan cannabis con fines medicinales conforme a derecho, la Bancada Transversal Regulación por la Paz convocó esta mañana a un punto de en la Cámara de Diputadas y Diputados, junto a pacientes y familias afectadas.
La diputada Ana María Gazmuri (AH) señaló: “Estamos aquí hoy día para alzar la voz, una vez más, en defensa de la dignidad, la salud y los derechos de las personas que usan cannabis con fines medicinales. Lo hacemos acompañadas de pacientes que han hecho todo lo correcto, cumpliendo con cada requisito establecido en nuestra Ley de Drogas. Sin embargo, siguen siendo criminalizados, allanados, judicializados, a pesar de cumplir con la ley. Esto no es solo un problema de implementación: es una omisión grave del Estado de Chile”. La diputada también emplazó al Ejecutivo a instruir a Carabineros, la PDI, el Ministerio Público y los servicios de salud para aplicar correctamente la ley: “Exigimos protocolos claros. La ley no puede ser interpretada arbitrariamente”.
En el punto de prensa participaron pacientes oncológicos como Flor Maureira, de Linares, quien sostuvo que “esta es la medicina que mejor me ha funcionado. Mi hijo fue ‘tomado preso’ y estuvo una noche detenido, siendo totalmente inocente, cumpliendo con todo lo legal. Exijo al Gobierno que haga ejercer la ley. No somos delincuentes, somos pacientes”.
Desde Buin, Natalia Alcántara, usuaria de Fundación Daya, relató: “Cumplía con todos los controles y protocolos, y aun así fui criminalizada por una denuncia anónima. Me llevaron engañada a la PDI. Soy mamá, trabajadora, y fui tratada como una delincuente cualquiera”.
Por su parte, Elías Ortega, de Los Ángeles, agregó que “la persecución a quienes usamos cannabis medicinal es atroz. Estuve a punto de ir preso por algo totalmente dentro de la ley. Si no fuera por la diputada Gazmuri, hoy no estaría aquí”.
Desde el Congreso, también intervinieron parlamentarias y parlamentarios que han trabajado por años en la agenda de cannabis medicinal. La diputada Karol Cariola subrayó que “tenemos una ley que resguarda a los pacientes, pero los organismos públicos no están al tanto y los siguen allanando. No queremos más presos por plantar, no queremos más usuarios medicinales que tengan que vivir, además del dolor de sus enfermedades, tener que vivir las consecuencias de la persecución. Esperamos que los organismos públicos se informen en primer lugar, pero que al mismo tiempo implementen los protocolos necesarios”.
En la misma línea, Claudia Mix (FA) destacó que “el Estado no puede seguir generando dolor a quienes ya viven con enfermedades graves. Esta ley fue una esperanza, y el Gobierno debe ordenar su implementación en todas las instituciones del Estado”.
Desde la Región de Coquimbo, la diputada Carolina Tello (FA) secundó a sus pares y enfatizó: “Es urgente que las instituciones distingan entre narcotráfico y autocultivo medicinal. Perseguir a pacientes es inaceptable y debe parar ya”.
Finalmente, el diputado Leonardo Soto (PS) cuestionó el abandono del Estado, y declaró que “hace dos años aprobamos una ley que permite lo que hacía mi madre: usar cannabis medicinal para caminar. Sin embargo, quienes hoy cultivan medicina legal son perseguidos por tribunales, policías y fiscales. Le pido a este Gobierno, al Estado de Chile, que persigan a los narcotraficantes de verdad. Que hoy día están felices con la inacción del Gobierno”.
Concluido el punto, la Bancada Transversal Regulación por la Paz reiteró su llamado al Presidente Gabriel Boric y a sus ministros del Interior, Seguridad Pública y Salud, a que se instruyan con urgencia las bajadas administrativas necesarias para asegurar el respeto de la ley vigente y terminar con la criminalización injusta de quienes cultivan para tratar enfermedades graves, con respaldo médico y legal.
