La diputada Cariola acusó que el allanamiento, ordenado por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, el mismo día de su parto, no solamente estuvo sustentado en una ilegalidad —tal como determinó la justicia en el caso del pinchazo telefónico de Josefina Huneeus y el Presidente Boric en la causa de Procultura—, sino que también se fundamentó en antecedentes falsos.
En conversación con Josefa Barraza y Valeria Cárcamo en el programa Las Monas de El Ciudadano, la diputada Karol Cariola enfatizó que, en su caso, tal como ocurrió con las interceptaciones telefónicas de Procultura que la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales, “se dio inicio a un procedimiento de manera ilegal. El acceso que tuvo el fiscal Cooper a los chats que dan inicio a la investigación, lo hizo sin permiso de la jueza. De la misma manera que hizo sin permiso la intervención del teléfono de Josefina Hunneus. Tomó esos chats sin autorización, que eran los de la causa Sierra Bella en el caso del teléfono de Irací Hassler”.
“Yo siempre estoy del lado de que la justicia opere y de que las instituciones funcionen. Y cuando hay situaciones que se tienen que investigar, que se investiguen. No tengo ningún problema para colaborar en todo lo que haya que colaborar para que se llegue a la verdad”, enfatizó Cariola.
Sin embargo, la expresidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados apuntó a que “el origen de este proceso viene con un vicio, que es de ilegalidad, porque se accede a una conversación privada que, además, después se filtra con elementos que no tenían nada que ver con la investigación, con cuestiones de otra índole, de carácter político, que obviamente querían sacarla por otras razones, de las cuales yo desconfío plenamente”.
Además, la parlamentaria precisó que las razones que incentivaron el allanamiento ordenado por el fiscal regional de Coquimbo se basaron en “conjeturas falsas”. “Lo que dicen es que el señor al que se le hizo un favor es la misma persona que habría apoyado una campaña. Eso es mentira: las dos personas a las que se alude en esos chats son personas distintas. Entonces te das cuenta que, además, sustentan el allanamiento no solamente en una ilegalidad, sino que también en una conjetura falsa”, agregó.
“Hoy día en este proceso no existen los antecedentes que el fiscal tenía, aun así decide actuar y le entrega estos elementos a la jueza. La cautela de garantías -acogida por el Tribunal- lo que hace es reconocer que se actuó en base a vulneración de derechos. Por eso, por ejemplo, ahora la investigación de mis conversaciones tiene que ser en acuerdo con la defensa. Aquí hay un patrón de conducta que pareciera ser que se repite. Yo espero que tanto la Fiscalía, el fiscal nacional como el fiscal en cuestión tomen conciencia de la situación, porque este tipo de cosas generan desconfianza en las instituciones”, sostuvo la diputada.
Finalmente, Cariola manifestó que su decisión de acudir a instancias internacionales busca evitar que otras mujeres enfrenten situaciones similares. “Que vulneren a tu hijo es algo que no puedo aceptar que a ninguna mujer le pase. Y por eso acudimos a la CIDH. No estoy pidiendo que el Estado me indemnice, lo único que estoy pidiendo son garantías de no repetición para que ninguna mujer más vuelva a vivir lo que yo viví”, aseguró.
