La moción busca beneficiar a las personas que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022.
Con el apoyo transversal de las principales organizaciones de derechos humanos del país, esta mañana la senadora Fabiola Campillai llegó hasta el Palacio de La Moneda para entregar al gobierno del proyecto de Ley de Reparación Integral.
En la instancia, la senadora informó al Ejecutivo sobre los alcances de esta iniciativa, que será ingresada al Senado el próximo martes 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este proyecto tiene como objetivo dar respuesta a las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, quienes sufrieron afectaciones en su integridad física por procedimientos policiales o militares durante dicho periodo.
Al respecto, la senadora Campillai afirmó que el proyecto “busca entregar una respuesta que el Estado no dio en su momento, haciendo que las víctimas tuvieran que dar el primer paso para su propia reparación”.
El proyecto fue desarrollado durante más de dos meses en la “Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna”, convocada por la senadora en el marco del quinto aniversario del Estallido Social. En su elaboración participaron organizaciones de la sociedad civil, académicos y agrupaciones de derechos humanos.
Alcances del proyecto
El texto establece un marco para la reparación integral de las víctimas de violencia institucional, en conformidad con los principios y compromisos internacionales, reafirmando el compromiso del Estado con la justicia y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La iniciativa abarca el periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. Se considera como víctimas a todas las personas que hayan sufrido violencia sexual, tortura, apremios ilegítimos, lesiones graves, gravísimas o menos graves, mutilaciones o castraciones, conforme a los delitos tipificados en los artículos 395 y siguientes del Código Penal.
Asimismo, se incluye a las personas fallecidas en el contexto de movilizaciones sociales, cuando estos hechos hayan sido cometidos por agentes del Estado, sin importar si las víctimas participaban o no en dichas movilizaciones.
Comisión de Verdad y Reparación
El proyecto contempla la formación de una Comisión de Verdad y Reparación, integrada por siete miembros con reconocida trayectoria en derechos humanos. Tres serán designados por el Presidente de la República en ejercicio, y cuatro por las organizaciones de víctimas de derechos humanos surgidas del Estallido Social.
La Comisión tendrá la tarea de definir un procedimiento de calificación de las víctimas, considerando antecedentes judiciales, informes médicos y otros documentos aportados por las víctimas, familiares u organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Formas de reparación
Las víctimas reconocidas por la Comisión tendrán derecho a una pensión económica, cuyo monto y forma de pago serán determinados por esta instancia. Además, la Comisión podrá establecer otros beneficios económicos para las personas calificadas como víctimas.
