El Gobierno dio a conocer este lunes los resultados de la denominada “Inspección Total al Estado”, un informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) que detectó alertas fiscales por más de US$9.200 millones en organismos públicos y abrió un nuevo foco de preocupación sobre la gestión financiera estatal durante el período 2022-2026.
Entre los principales hallazgos figura la existencia de US$3.200 millones en pagos postergados entre 2025 y 2026, cifra equivalente a cerca del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) y que, según el Ejecutivo, corresponde al nivel más alto registrado en este tipo de traspasos administrativos. El informe además reveló pérdidas estimadas en US$760 millones por compras realizadas mediante trato directo en casos donde sí existían condiciones para efectuar licitaciones públicas.
La auditoría revisó más de 913 millones de registros administrativos y financieros correspondientes a más de 500 servicios públicos. Según explicó la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, los antecedentes detectados incluyen “errores, inconsistencias, mala gestión, debilidades estructurales de control e ineficiencias”, aunque advirtió que algunos casos podrían eventualmente configurar hechos de relevancia penal.
Los compromisos financieros postergados afectan especialmente a sectores sensibles. Entre ellos destacan cerca de US$1.000 millones adeudados a proveedores del sistema de salud, US$650 millones vinculados a servicios de alimentación escolar de la Junaeb y US$268 millones pendientes con casi 10 mil pymes proveedoras del Estado. También se identificaron retrasos en transferencias relacionadas con la gratuidad universitaria.
Otro de los puntos críticos del informe corresponde al uso de mecanismos excepcionales de compra pública. El comité auditor detectó transacciones por US$3.170 millones realizadas mediante trato directo o compras ágiles, pese a que existían condiciones para procesos competitivos y licitaciones abiertas. Según el análisis, esto habría impedido generar ahorros fiscales cercanos a US$760 millones.
Entre los organismos con mayores observaciones aparecen la Central de Abastecimiento (Cenabast), el Registro Civil, Junaeb y diversos hospitales de la red pública, como el Hospital de Puerto Montt, el Gustavo Fricke de Viña del Mar y el Regional de Iquique.
La revisión también dejó en evidencia problemas en la recuperación de subsidios por licencias médicas de funcionarios públicos. De acuerdo con el informe, existen cerca de US$150 millones pendientes de cobro debido a fallas en los procesos administrativos y de cobranza institucional.
Tras la presentación del informe, el Ejecutivo instruyó abrir investigaciones específicas en cuatro organismos públicos. En Junaeb se indagará un eventual fraude y sobreprecios asociados al Programa de Alimentación Escolar; en el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las observaciones apuntan al uso ineficiente de recursos en SernamEG y Prodemu.
En tanto, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enfrentará auditorías por deficiencias en el control financiero y recaudación de multas, mientras que la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) será investigada por un alto número de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de justificar.
Desde La Moneda señalaron que, en caso de confirmarse irregularidades relevantes, los antecedentes serán remitidos a la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.
