La Segunda Sala de la Corte Suprema declaró de forma unánime que el Juzgado de Garantía de Arica es el competente para conocer las responsabilidades en los hechos ocurridos en el caso de los conscriptos de Putre.
Para la presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado Fabiola Campillai, quien ha seguido de cerca este caso, expresó su satisfacción con el fallo del máximo tribunal. “El fallo de la Corte Suprema es muy alentador, ya que marca un precedente en el cual se señala claramente que ‘la competencia de la jurisdicción militar debe ser siempre de carácter excepcional… tener un alcance estrictamente acotado y estar encaminada sólo a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares… en consecuencia, deberán interpretarse siempre restrictivamente'”, declaró.
La parlamentaria destacó la importancia que la justicia civil, y no la militar, sea la encargada de investigar y brindar justicia a las víctimas. “Nos alegra mucho que sea la justicia civil y no la militar la encargada de investigar y dar justicia a la madre de Franco Vargas y a las demás víctimas”, afirmó.
Campillai reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia en este caso. “Seguiremos trabajando para que exista justicia, pondremos toda la información recolectada en las sesiones de la comisión de DDHH del Senado que efectuamos para dar cuenta de estos hechos”, aseguró.
Finalmente la decisión de la Corte Suprema subraya la necesidad de que la justicia militar tenga un ámbito de aplicación restringido y enfatiza el rol de la justicia civil en la protección de los derechos fundamentales.
- Recientes
- Tendencia
