El Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua formalizó a dos nuevos imputados en el caso de la presunta violación grupal de funcionarios de la Armada contra una joven en Rapa Nui durante una celebración en dependencias de la Guarnición Marítima. La situación ha generado protestas por parte de los isleños, quienes exigen justicia y llaman a investigar si existió encubrimiento por parte de superiores.
Durante la audiencia, el juez decretó la prisión preventiva al considerar que la libertad de los imputados representa un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.
Con esta resolución, los cuatro funcionarios investigados permanecen bajo prisión preventiva. Los primeros dos imputados, quienes fueron desvinculados de la Armada, cumplen actualmente la medida cautelar en dependencias navales de Talcahuano.
El tribunal estableció un plazo de investigación de 80 días y dispuso que los nuevos imputados también cumplan la prisión preventiva en dependencias de la Armada, rechazando así la solicitud de parte de la representación de la denunciante que solicitó que cumplieran la máxima cautela en un recinto penitenciario de Gendarmería.
El magistrado fundamentó su decisión en las disposiciones del Código de Justicia Militar que regulan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad del personal militar. Ante esta resolución, la parte querellante anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para revertir la medida.
El caso ha generado manifestaciones en Rapa Nui, donde los isleños han exigido justicia y cuestionado la permanencia de la Guarnición de Infantería de Marina en la isla.
Por su parte, los abogados de la denunciante, Ciro Colombara y Pamela Contreras, solicitan ampliar la investigación a los superiores jerárquicos de los funcionarios involucrados, con el objetivo de esclarecer eventuales omisiones de denuncia, responsabilidades adicionales o posibles intentos de encubrimiento.
La denuncia se originó tras una celebración realizada durante la noche del viernes 2 de octubre en dependencias de la Armada, donde la joven habría sido víctima de una agresión sexual por parte de varios funcionarios.
En paralelo a la investigación penal, la Armada dispuso una investigación administrativa y confirmó la desvinculación de los dos primeros funcionarios formalizados, argumentando que su permanencia en la institución resultaba perjudicial para el servicio.
