La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la denominada Ley Antibarricadas 2.0, iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar las sanciones frente a la interrupción u obstaculización de calles, rutas y servicios de transporte. El proyecto obtuvo 89 votos a favor, 41 en contra y 3 abstenciones, por lo que continuará ahora su segundo trámite constitucional en el Senado.
La propuesta forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y busca modificar la regulación vigente desde 2020, ampliando el ámbito del delito de interrupción de la libre circulación. Actualmente, la denominada Ley Antibarricadas sanciona determinadas conductas cuando existe violencia, intimidación u obstáculos que impiden completamente el tránsito.
El nuevo texto incorpora también la obstaculización total o parcial de la circulación de personas o vehículos y las afectaciones al funcionamiento normal de servicios de transporte público o privado, tanto de pasajeros como de carga. Entre las conductas consideradas se incluyen la instalación de obstáculos, la ocupación no autorizada de vías, la interposición de vehículos y la manipulación de elementos capaces de alterar un servicio de transporte.
Uno de los cambios relevantes es que determinadas conductas podrían ser sancionadas sin que sea necesario acreditar violencia o intimidación. El texto establece una multa de 10 a 20 UTM para quien, sin autorización o excediendo sus condiciones, interrumpa u obstaculice la circulación o el funcionamiento del transporte y, tras ser requerido de manera clara por la autoridad, no deponga la conducta pudiendo hacerlo.
Durante la votación, la Sala aprobó además una indicación presentada por la oposición y que establece que estas disposiciones no serán aplicables cuando una persona se encuentre ejerciendo legítimamente su derecho a reunión, huelga o manifestación pacífica. La norma obtuvo 72 votos a favor, 61 en contra y una abstención.
La iniciativa contempla además sanciones de mayor gravedad para conductas que afecten servicios de transporte masivo, como el Metro, y mantiene penas asociadas a interrupciones realizadas mediante violencia, intimidación u obstáculos que generen un peligro concreto para la vida o integridad física de las personas.
Finalmente, durante la discusión, parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista realizaron reserva de constitucionalidad, dejando constancia de sus reparos respecto del proyecto. La votación también estuvo marcada por diferencias entre oficialismo y oposición sobre el alcance de la normativa y su eventual efecto sobre las manifestaciones públicas.
