El 7° Juzgado de Garantía de Santiago cerró la investigación penal por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, luego de que la Fiscalía comunicara su decisión de no perseverar en la causa por falta de antecedentes suficientes para fundar una acusación.
La indagatoria, encabezada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, buscaba establecer eventuales delitos de tráfico de influencias y fraude al fisco en el fallido proceso mediante el cual la administración del expresidente Gabriel Boric pretendía adquirir el inmueble ubicado en calle Guardia Vieja, en Providencia.
La causa había quedado suspendida por una presentación del abogado Raimundo Palamara ante el Tribunal Constitucional, con la que buscaba reabrir la investigación. Sin embargo, en abril de 2026 el TC rechazó el recurso, despejando el camino para que el tribunal de garantía resolviera el cierre del procedimiento.
La compraventa generó una fuerte controversia política debido a que entre los propietarios del inmueble figuraban la entonces senadora Isabel Allende y la entonces ministra Maya Fernández, familiares del expresidente, lo que abrió cuestionamientos por la prohibición constitucional que impide a parlamentarios celebrar contratos con el Estado.
El caso derivó en consecuencias políticas relevantes. El TC destituyó a Isabel Allende de su cargo de senadora por su participación en la operación, mientras que Maya Fernández renunció al Ministerio de Defensa en medio de las presiones por una eventual acusación constitucional.
