La iniciativa, presentada por la legisladora junto a los socialistas Daniel Manouchehri y Ana María Bravo, busca invertir la carga de la prueba a quienes están en mejores condiciones o facilidades de acceso a las medidas de prueba cuando lo solicita la justicia, como en el caso de una empresa o centro comercial.
Con el fin de “terminar con los abusos de las grandes empresas”, la diputada socialista Daniella Cicardini, junto al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, y los parlamentarios del PS Daniel Manouchehri y Ana María Bravo, presentó el proyecto de ley que establece el deber de distribuir la carga de prueba en la Ley del Consumidor.
La iniciativa busca invertir la carga de la prueba a quienes están en mejores condiciones o facilidades de acceso a las medidas de prueba cuando lo solicita un juez o un tribunal. En este caso, las empresas respecto a la situación de los usuarios o consumidores.
“Hoy día nuestra legislación establece que quien realiza una demanda es sobre quién finalmente recae la carga de la prueba ante lo que uno está reclamando. Evidentemente aplicar eso en el mundo de los consumidores es muy complejo y hay una desventaja significativa entre las personas y las grandes empresas que son poderosas. Es como una pelea entre David contra Goliat”, graficó Cicardini.
En esa línea, la diputada y segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, indicó que “cuando estamos viviendo situaciones de inseguridad en nuestro país, cuando la gente se siente insegura incluso para ir a un centro comercial y exponerse ante un robo de un vehículo, inclusive en los estacionamientos, este proyecto de ley estaría protegiendo a los clientes. Porque no serían precisamente las personas que van a tener que entregar las pruebas que muchas veces son muy difíciles de acceder, como los vídeos de las cámaras de video vigilancia, sino que va a tener que ser el centro comercial. Por lo tanto, es este último el que va a tener que responder ante un robo de un cliente y eso es tremendamente importante”.
Al respecto, Hernán Calderón de Conadecus destacó que esta es una buena noticia “porque los consumidores van a tener juicios más justos y van a poder hacer efectivo el derecho que tienen, cuando demandan, de que los jueces obliguen a las empresas a entregar la información para probar que no han cometido infracciones y no dejarle la carga de la prueba a los consumidores. Es un avance importante para la protección de los consumidores.”
Asimismo, Calderón recalcó que, aún cuando un juez determine bajo su criterio invertir la carga de la prueba, “muchas de las empresas se niegan y no entregan la información suficiente para probar que han cometido infracciones o simplemente no han probado lo contrario de lo que está afirmando el demandante. En este caso nos parece que se termina con esta asimetría que existe, que quien tiene la información no la quiere entregar para que no se pruebe que cometió delito, infracciones o malas prácticas”.
Situaciones como el Caso La Polar
Para ejemplificar los alcances de este proyecto de ley, Daniella Cicardini evocó el conocido “Caso La Polar”, donde la multitienda comercializó ropa de marcas falsificadas y posteriormente los tribunales le pedían las pruebas a los consumidores para acreditar que compraron estas prendas adulteradas.
“Con este proyecto de ley va a ser la empresa, el centro comercial, la que va a tener que entregar las pruebas para demostrar que está vendiendo ropa auténtica, esa es la gran diferencia. Este proyecto de ley va en la línea de muchos otros proyectos con la defensa y la protección de los consumidores, porque son los más desvalidos o los que tienen menos condiciones, menos recursos para poder defenderse contra grandes empresas”, señaló.
El diputado socialista Daniel Manouchehri, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, valoró el ingreso de este proyecto de ley, destacando que “termina con una injusticia. Porque cuando una persona, por ejemplo, le roban su vehículo, es la persona la que tiene que aportar las pruebas para demostrar que le robaron en un centro comercial su vehículo, pero quien tiene las pruebas es justamente la persona que van a demandar. Entonces se pueden negar a aportar esas pruebas volviéndose una situación difícil para la gente, donde hay que aportar abogados, peritaje, una serie de situaciones que hacen imposible a las personas poder resguardar sus derechos del consumidor”.
“Es por eso que este es un buen proyecto de ley que viene a defender a la gente y que viene a hacer justicia ante los abusos a los derechos del consumidor”, señaló el parlamentario por la Región de Coquimbo.
En tanto, la diputada Ana María Bravo, también integrante de la comisión, apuntó a que “esta modificación a la ley 21.081, que rige desde el año 2018, al establecer y cambiar este ‘podrá el juez solicitar antecedentes a las empresas’ en un ‘deberá’, realmente es una garantía para que los derechos de los consumidores puedan efectivamente ser ejercidos por ellos”.
“Como legisladores debemos proteger a la parte más débil. Y eso es lo que estamos haciendo con este proyecto de ley de la diputada Cicardini, el que también nosotros apoyaremos fuertemente, ya que de esta forma y conjunto con la normativa y también el proyecto de ley presentado por el Gobierno, debemos aunar fuerzas para proteger efectivamente a los consumidoras y consumidores de nuestro país”, agregó la diputada, subjefa de la Bancada PS.
